El acuerdo brinda alivio a los consumidores afectados por las prácticas ilegales de Nationstar.
El fiscal general de California, Xavier Becerra, se unió a un acuerdo de 50 estados contra Nationstar Mortgage (Nationstar), que opera como el Sr. Cooper, resolviendo las acusaciones de que el administrador hipotecario se involucró en prácticas ilegales a raíz de la crisis financiera de 2008. El acuerdo aborda la supuesta mala conducta con respecto a las transferencias de servicios, la preservación de la propiedad, las modificaciones de préstamos y otros problemas de servicio de la hipoteca, que en algunos casos llevaron a una ejecución hipotecaria inadecuada o a los prestatarios que se les cerró el acceso a sus hogares. El acuerdo multi-estatal se negoció con la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, el Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) y otros reguladores estatales de hipotecas, que están presentando documentos de acuerdo por separado.
“Las prácticas ilegales de los administradores hipotecarios como Nationstar dejaron a los prestatarios en apuros para recoger los pedazos”, dijo el Fiscal General Becerra. “Ahora que nos enfrentamos a otra crisis económica, es fundamental que los administradores hipotecarios y todas las instituciones financieras se tomen en serio sus obligaciones con los prestatarios y su papel en el sistema financiero en general”. “El Departamento se une a los reguladores de todo el país para enviar un mensaje contundente de que no toleraremos tarifas excesivas u otras prácticas dañinas en la industria hipotecaria”, dijo el comisionado de la DFPI, Manuel P. Álvarez. “En virtud de este acuerdo, Nationstar compensará a decenas de miles de prestatarios en California y en todo el país que se vieron afectados por sus acciones de servicio y ejecución hipotecaria”.
El acuerdo proporciona aproximadamente $ 79.2 millones a 55,814 prestatarios en todo el país. Esto incluye al menos $ 840 para prestatarios elegibles cuyo préstamo se volvió moroso dentro de los 30 días posteriores a su transferencia a Nationstar y que luego perdieron su casa por ejecución hipotecaria. También incluye al menos $ 250 para prestatarios elegibles cuyas casas Nationstar determinó por error que estaban desocupadas. Este acuerdo también incluye aproximadamente $ 57.7 millones que la compañía ya ha proporcionado a los prestatarios. Nationstar también pagará aproximadamente $ 7.1 millones en costos y multas a las partes gubernamentales y por la administración del acuerdo.
A raíz de la crisis financiera de 2008, muchos bancos importantes vendieron los derechos de servicio de préstamos hipotecarios a administradores no bancarios. Nationstar, con sede en Dallas, creció rápidamente hasta convertirse en uno de los mayores administradores no bancarios del país y de California. Una investigación realizada por una coalición multiestatal de fiscales generales, reguladores hipotecarios estatales y la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB) encontró que Nationstar cometió múltiples violaciones de la ley, que incluyen, entre otras, no: · Supervisar adecuadamente a los proveedores contratados para inspeccionar propiedades en ejecución hipotecaria, lo que lleva a casos de proveedores que designan indebidamente casas como desocupadas y bloquean a los prestatarios de sus casas;
· Procesar adecuadamente los préstamos hipotecarios que se transfirieron a Nationstar.
· Identificar adecuadamente los préstamos transferidos a Nationstar con solicitudes de modificación de préstamos pendientes. El administrador del acuerdo se comunicará con los prestatarios elegibles para el pago. Una serie de mandatos judiciales también requieren que Nationstar cumpla con estándares detallados para el servicio de préstamos hipotecarios y que realice auditorías para garantizar el cumplimiento de dichos estándares.
El acuerdo surge de una colaboración entre los socios de las fuerzas del orden público estatales y federales, incluido el Programa de Fideicomisarios de los Estados Unidos, que está finalizando un acuerdo por separado con Nationstar para abordar los problemas históricos de servicio que afectan a los prestatarios en bancarrota. El acuerdo es el último de una serie de acciones tomadas por el Procurador General Becerra contra las prácticas defectuosas de servicios hipotecarios en California. En septiembre, el fiscal general presentó un amicus brief ante la Corte Suprema de California para responsabilizar a los administradores de préstamos hipotecarios por manejar negligentemente las solicitudes de modificación de hipotecas de los propietarios. En agosto, envió una carta a 33 administradores hipotecarios recordándoles a las empresas sus obligaciones con los propietarios e inquilinos de California en virtud de la Declaración de derechos de los propietarios de viviendas durante el COVID-19. A lo largo de 2020, el Procurador General Becerra ha emitido una guía actualizada para los inquilinos y propietarios de viviendas en California, alentándolos a conocer sus derechos a la luz de la pandemia de COVID-19. También ha puesto a disposición de los consumidores información y recursos con respecto a las actualizaciones de las protecciones para inquilinos, hipotecas y ejecuciones hipotecarias que se han promulgado a través de los gobiernos estatal y federal.